Resulta alarmante como la estadística de mujeres asesinadas por sus parejas sentimentales, aumenta exponencialmente a diario, y como por parte del ciudadano se tiene la percepción de que las diferentes administraciones, central, autonómica y local, no hacen lo suficiente para que ello no ocurra. En este sentido y por lo que concierne a esta última, por parte de los diferentes departamentos de los ayuntamientos se elaboran protocolos de asesoría jurídica, ayuda social, gestión emocional, acompañamiento psicológico de las mujeres maltratadas, así como la Policía Local del municipio también interviene en dichos programas de orientación y protección. Ahora bien, los recursos humanos y técnicos de esta última, no permite llevar a cabo una protección directa de la víctima las veinticuatro horas, de todos los días del año. 
Posiblemente, los ayuntamientos deberían dar un paso adelante en la prevención de la seguridad física de la persona afectada y apoyarse en las empresas de seguridad privada, a fin de que ayuden en la protección física de la mujer maltratada. De igual forma que los entes locales contratan vigilantes de seguridad de empresas del sector privado de seguridad para proteger instalaciones y edificios municipales, ferias, eventos musicales, también deberían de hacerlo para prestar protección a dichas mujeres a través de escoltas o vigilantes de seguridad de dichas empresas. Asimismo podrían contar con la actuación profesional de detectives privados, a fin de que realicen tareas de vigilancia, contravigilancia o estudios de itinerarios de la víctima. Estamos convencidos que el esfuerzo económico que deben de realizar los ayuntamientos, se puede modular en razón al número de las diferentes mujeres maltratadas que viven en un municipio concreto y priorizando los casos más vulnerables o de mayor riesgo.